Aborto: legalización de un derecho humano

Cuando se habla de aborto, los sectores que se oponen a su aprobación, llevan el debate en torno a la vida del feto. Se le idealiza como un ente sensible y consciente de su propia existencia desde la concepción. Se señala el potencial que tiene de ser el mejor ser humano, eclipsando a quien lo está gestando y cuya vida deja de importar; a diferencia del feto, es una persona real e imperfecta a la que se le puede señalar y juzgar.

Como hijo de una mujer que tuvo la posibilidad de interrumpir su embarazo por cuestiones de salud, defiendo que toda persona gestante tenga la opción de decidir sobre su cuerpo. Si lo hubiese hecho, odiaría que alguien la señalara, que terminara presa o que la tildaran de asesina. Yo simplemente no existiría y a ninguno de los que se definen “provida” les importaría, solo hablan de fetos, pero al nacer deja de ser relevante. Mi vida no empezó en el útero, sino el día que nací y se construyo con cada experiencia. Si a mi madre no se le obligó a abortar, a nadie se le debería forzar a parir.

Este es un tema de salud pública y del derecho de las personas gestantes de decidir sobre sus vidas. No hablo únicamente de las mujeres cisgenero, porque no es una cuestión exclusiva de ellas. Los hombres transgénero y personas no binarias también pueden gestar y deben ser parte de la discusión. Abordaré este tema desde su definición en el marco de los derechos humanos, la penalización como estrategia ineficaz para evitarlos y el derecho a la vida del feto en relación con el de las personas gestantes.

La interrupción voluntaria del embarazo (IVE) o aborto inducido, consiste en la eliminación de un embrión o feto mediante diferentes métodos: farmacológicos o quirúrgicos. Las razones pueden ser médicas, en cuyo caso sería terapéutico, o por elección de la persona gestante. Desde diversas instancias internacionales se le reconoce como un derecho humano, siendo parte de los derechos sexuales y reproductivos (Naciones Unidas), que entre otras cosas dispone:

La legislación al respecto varía en cada país, pero América Latina, el Sudeste Asiático y África lideran en cuanto a penalización; sin embargo, solo cinco países: El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, El Vaticano y Malta lo prohíben en cualquier circunstancia. El resto de países, a pesar de mantenerlo penalizado, cuentan con excepciones como el riesgo de vida o salud de la persona gestante, malformaciones que hagan inviable la vida del feto o cuando es producto de una violación (BBC Mundo).

A pesar de que en la mayoría de países existan excepciones, la penalización genera barreras de acceso incluso en los casos contemplados en la ley. Suelen coexistir prejuicios, que llevan a entorpecer los procesos, con la intención de que el embarazo llegue a término o disuadir con engaños. Para mayor información sobre la seguridad de un aborto legal, realizado en las condiciones adecuadas, puedes consultar aquí.

No existe diferencia en la demanda de abortos entre países donde está penalizado y en los que se ha legalizado o existen excepciones. Por el contrario, pueden ser más elevados si existen servicios deficientes en cuanto a anticonceptivos y limitaciones a la educación sexual Human Rigth Watch.

Implica que la prohibición no reduce el número de abortos, solamente los hace más inseguros al realizarse fuera del sistema de salud. Asimismo, se limita el acceso a servicios médicos básicos, especialmente cuando ocurren complicaciones del procedimiento. El miedo a terminar en la cárcel o la poca claridad sobre el marco normativo pueden poner ne riesgo la vida de la persona gestante. Es así como el aborto se ha convertido en la cuarta causa de muerte materna a nivel global, según la OMS Amnistia Internacional.

Si bien, las causales de excepción son un avance respecto a la total restricción, en la práctica son ineficaces y generan barreras de acceso. Por ello, se requiere que el aborto sea legal, seguro y gratuito, como parte de una política integral en salud sexual y reproductiva.

La consigna que se ha utilizado en Argentina es clara con el objetivo de la legalización y su relación con las medidas de prevención: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.

Debe ser legal, puesto que la despenalización solo elimina el aborto como delito, pero sin eliminar las prácticas clandestinas. Por el contrario, la legalización compromete al Estado a proveerlo como un procedimiento médico básico, realizado por profesionales de la salud capacitados y en centros médicos equipados.

Debe ser seguro, porque se necesita de información clara, protocolos definidos, profesionales capacitados, instalaciones adecuadas y medicamentos apropiados para reducir al máximo cualquier riesgo. El aborto farmacológico suele ser el procedimiento menos invasivo y con menores complicaciones. La educación al respecto es fundamental, dado que el tiempo es un factor clave en la seguridad del proceso y la elección del método.

Debe ser gratuito, para cortar el negocio clandestino que se ha construido alrededor de la penalización. De esta forma, se asegura que el nivel socioeconómico no condicione las oportunidades de las personas gestantes de ejercer sus derechos.

Suele ser el principal argumento en la oposición, cuando en realidad la mayoría de tratados internacionales y leyes lo plantean a partir del nacimiento. Solamente la Convención Interamericana de Derechos Humanos lo ubica desde la concepción; sin embargo, el fallo Artavia Murillo aclara que la protección de no nacido debe entenderse de forma progresiva al nivel de desarrollo. Además, plantea que los derechos de este no pueden anteponerse a los de una persona. En ese sentido, se priman los derechos de la persona gestante, por lo que no es un obstáculo para avanzar en la legalización. El alto tribunal incluso ha instado en otras instancias a que los Estados adecuen su legislación en ese sentido Fundeps.

Teniendo en cuenta el alto riesgo que representa un aborto inseguro, la penalización vulnera el derecho a la vida de las personas gestantes. Además, cuando un Estado obliga a continuar un embarazo no deseado, se vulneran otros derechos Human Rigth Watch.

La penalización es una medida ineficaz para disminuir los abortos, especialmente si también existe precariedad en estrategias de prevención, como métodos anticonceptivos y educación sexual. No tiene relevancia en la protección del feto, de la forma en que lo creen quienes desean que continúe así. Por el contrario, les impide a las personas gestantes ejercer sus derechos, en especial los sexuales y reproductivos, poniendo su vida en riesgo.

La legalización del aborto es una medida necesaria para garantizar maternidades y paternidades más responsables. Asimismo, debe ir de la mano con acceso a anticonceptivos y educación sexual integral, que garantice un ejercicio de la sexualidad libre e informado.